256.590 desplazamientos
forzosos de colombianos registró la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento (Codhes) en el país vecino durante 2012, lo que equivale a
65.792 familias, aproximadamente, como reseña el informe presentado por esta
institución.
"De esta manera,
entre 1985 y 2012 el acumulado de víctimas de desplazamiento forzado estimado
por Codhes asciende a 5 millones 701 mil 996 personas. Para los últimos 15
años se constata un promedio que asciende a 296.988 personas que cada año han
sido desarraigadas de su territorio, de sus vínculos sociales, familiares y
políticos, de sus raíces culturales y de sus medios de sustento económico en la
más agresiva de despojo, repoblamiento y reconfiguración de los territorios",
detalla el documento, que ha sido difundido en las redes sociales por la ex
senadora y activista colombiana Piedad Córdoba.
El informe denuncia que
esta situación se ha mantenido oculta en las estadísticas oficiales, como
consecuencia de la negativa de incluir a muchos de los afectados en el registro
de víctimas, debido a una interpretación errada de la ley homónima.
Los departamentos a los
cuales arribó la mayor parte de la población desplazada en 2012, revela el
estudio, fueron Antioquia (61.252 personas), Cauca (35.409 personas), Nariño
(26.610 personas) y Putumayo (12.285 personas).
Dentro de la cifra total
de desplazados, 18.154 fueron indígenas y 51.938 afrocolombianos, lo que
"implica la ruptura no sólo de su lugar de residencia y trabajo sino de su
participación política, social y cultural en tejidos que fundamentan su
identidad y su sobrevivencia como pueblos".
El documento reseña que
tales desplazamientos han ocasionado el abandono de más de 6,5 millones de
hectáreas, a través de formas de violencia que no han desaparecido de los
territorios y en medio de una impunidad de 95%.
Para la Codhes, una de
las principales dificultades que traba la resolución del conflicto reside en
que "el diálogo de paz aún no logra integrar otras expresiones del conflicto
armado, que siguen desarrollando diversos tipos de hostilidades en los
territorios. Y como se sabe, el proceso de diálogo enfrenta la férrea oposición
de sectores de extrema derecha que se oponen a cualquier tentativa de reforma
rural, algunos de ellos con vínculos probados con expresiones paramilitares,
tal como lo ha mostrado el proceso de la parapolítica".
Tras los actos de
desplazamiento forzoso, destaca la Codhes, se identifican intereses económicos
para el dominio político y social de territorios en los que se desarrollan
acciones de extracción minera, explotación de cultivos ilícitos para la
producción, exportación y microtráfico de drogas, así como construcción de
obras de infraestructura pública.
AVN 01/06/2013
17:27
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