El instituto Automo para el Poder Comunal del
estado Táchira (INAPCET) llevó a cabo un recorrido por las diferentes veredas
del barrio Eleazar López Contreras, ubicado en la troncal 5 municipio San
Cristóbal, a fin de constatar la problemática
que viene padeciendo esta comunidad en materia de infraestructura sino también
desde el punto de vista social y organizativo.
El equipo de trabajo estuvo encabezado por el
presidente del Inpacet Luis Díaz e integrado por el personal de la Gerencia de
Formación y Desarrollo Comunal y de atención al ciudadano, quienes llevaron a
cabo una jornada de acompañamiento y diagnóstico de las principales
problemáticas del sector, a fin de generar un proceso de inicio de organización
de las diferentes estructuras del Poder Popular que existen en esta comunidad y
de esta manera lograr mejorar las condiciones de vulnerabilidad en que se
encuentra.
En este sentido, Díaz explicó que “el barrio Eleazar López
Contreras se encuentra ubicado a la margen derecha del Rio Torbes, por lo tanto
es considerada por todos los organismos de seguridad del estado como una zona
de alto riesgo, por lo cual hay que darle,
como lo contempla la Constitución y la leyes de la República Bolivariana
de Venezuela, un debido acompañamiento para ir solucionando de manera
estructural y estratégica los problemas que vienen padeciendo estas familias”.
En cuanto a la solicitud de reubicación que
han hecho los habitantes de la zona ante la posibilidad de que las viviendas
puedan colapsar debido a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran
los terrenos donde está asentado el barrio Eleazar López Contreras, Díaz señaló
que “ ante esta situación es necesario iniciar un proceso de organización de
las comunidades para que en la medida de las posibilidades, tanto el Gobierno
Regional como las diferentes instancias del gobierno nacional puedan reubicar a
las personas que así lo requieran en albergues dignos, esto en función de ir
concretando las políticas que se han diseñado en materia de vivienda”.
Puntualizó
Por su
parte, Olga Suarez vocera del consejo comunal del barrio Eleazar López
Contreras manifestó su agradecimiento al personal del INAPCET por la visita
hecha a la comunidad para constatar la problemática en que se encuentran las
familias de 4 veredas del sector, y ayudar en el proceso de fortalecimiento a
fin de mejorar su condición de vida.
Sonia Maldonado/ Fotos Inapcet
este p� M n �/� PT� rso de
inauguración de las sesiones del Congreso el sábado y también el domingo, al
término de un consejo de seguridad.
“No me importa que se levanten
ampollas. Nuestra obligación es proteger la vida, la tranquilidad y la
movilidad de los colombianos, por encima de cualquier otra cosa, y lo estamos
haciendo con una fuerza pública respetuosa de los derechos humanos, pero
contundente en la aplicación de la ley”, dijo Santos en el Congreso.
Ascamcat denunció haber “sufrido la
represión del Estado colombiano” hasta el punto de que cuatro campesinos “han
sido asesinados por la fuerza pública” y además reportó “decenas de heridos y
encarcelados”.
“Hasta el momento nuestros reclamos y
exigencias no han sido escuchados. Por lo que nos mantenemos bloqueando la
carretera (entre las ciudades de) Cúcuta y Tibú”, en el departamento de Norte
de Santander, agrega el texto.
Los campesinos expresaron su deseo de
que Venezuela les “permita ejercer el derecho internacional al refugio” dentro
de la Ley orgánica venezolana sobre refugiados y asilados, al Protocolo sobre
el Estatuto de los Refugiados y a la Declaración de los Refugiados de
Cartagena.
“Esto, ante la eventualidad de una
operación militar contra nuestra justa protesta, acción represiva que dejará
víctimas inocentes”, insistieron.
Maduro y Santos se reunirán este lunes
en Puerto Ayacucho, en el lado venezolano de la frontera, para resolver las
diferencias que mantienen sus países desde el pasado mes de mayo, cuando el
líder de la oposición de Venezuela, Henrique Capriles, visitó Colombia y fue
recibido por Santos.
Los campesinos iniciaron sus protestas
el pasado 10 de junio en respuesta a una campaña de erradicación manual de
cultivos de hoja de coca y en demanda de planes de sustitución de siembra y de
la declaración de una Zona de Reserva Campesina.
En su carta, denunciaron también la
“profunda crisis económica, social y humanitaria” que deriva de “décadas de
abandono estatal que se recrudece con la guerra, la militarización, la
erradicación forzada de los cultivos de coca y las sistemáticas violaciones a
los derechos humanos por parte del Estado colombiano”.
Prensa/EFE
Fotos/Archivo
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